La ley general establece que su propósito principal es regular la educación impartida por el Estado en sus diferentes niveles (Federación, Estados, Ciudad de México y municipios), así como por organismos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento oficial. La educación se considera un servicio público y está sujeta a la dirección y supervisión del Estado.
Regula la educación que imparten el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados, y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional.
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